El Gobierno justifica la restricción de acceso de las personas con VIH a la Policía. Función Pública se ampara en un supuesto mayor riesgo de transmisión. Desde Cesida y otras organizaciones dicen que no se ajusta a la legislación ni evidencia científica.

La Dirección General de la Función Pública, dependiente del Gobierno de España se ha manifestado sobre la exclusión de las personas con VIH de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado después de reunirse recientemente con representantes de CC.OO., las coordinadoras Trabajando en PositivoCesida y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb).

En dicho encuentro, estas organizaciones pidieron que se eliminasen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones a este tipo de fuerzas de seguridad, como la Policía. Sin embargo, según el subdirector general de Relaciones Laborales de la dirección general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, “es el reconocimiento y la protección del derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que éste sea, lo que justificaría una ampliación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, Juan Ramón Barrios, explica que “esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas".

Por otro lado, el representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José María Marín, "es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en Octubre del año 2014".

En declaraciones a ConSalud.es, el presidente de Cesida, explica que en estos momentos se encuentran ultimando los detalles del próximo objetivo para conseguir éste y otros retos en materia de VIH. “Se pretende hacer un pacto de Estado con todas las Administraciones públicas y privadas implicadas para que consensúen una línea de trabajo para evitar discriminación. Una vez preparado pediremos a todos los partidos políticos que lo incluyan en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales”, dice Barrios.

Además, desde Cesida ponen de ejemplo las políticas llevadas a cabo en otros países. En este sentido, destacan el caso de Reino Unido, donde han realizado una actualización de la normativa para evitar este tipo de discriminación. “Por ejemplo, un médico con VIH antes tenía restringida la actividad de operar, pero hoy en día, si esa persona con VIH pasa unos controles semestrales y cumplen los requisitos de carga viral no hay ninguna restricción”.