Criminalización del VIH y del sida: Contribución a la metáfora.

Durante los 30 años de epidemia hemos visto miles de situaciones que han contribuido a formar el gran muro de prejuicios, fobias y miedos alrededor de la enfermedad y lo que es más doloroso alrededor de las personas que tenemos el virus del sida.

Si existe alguna diferencia entre tener una enfermedad mortal como el cáncer u otras crónicas pero temidas, es la estigmatización que se genera al escuchar al médico darte la gran noticia: “Tienes VIH…tienes SIDA”. Muchos banalizan este diagnóstico, ya sea porque hoy contamos con tratamientos y una posible vacuna que proporcionan una vida saludable y hasta han permitido empezar a hablar de cronicidad de la enfermedad. Sin embargo, algo que aun no avanza y sobre lo que no hemos tenido los logros esperados en el nuevo siglo es, por decirlo de alguna manera, la no-replicación del estigma y la discriminación que provoca en las personas y en sus allegados decir que un amigo, un hijo, la pareja, uno mismo, tiene VIH.

El estigma, la marca de lo impuro nace a modo de bautismo en el consultorio de un hospital, en la cama de una sala de emergencias o en un pasillo, donde a modo de sentencia te confirman la novedad. No es agradable para nadie. No solo la vergüenza nos invade sino la culpa de pertenecer a alguna comunidad de parias de peligrosos que se pone en evidencia en ese momento. Y en general se sale de allí, de la consulta, con la idea de la muerte pronta y agobiante, o con la degeneración posible del cuerpo y de la integridad. El VIH que produce el SIDA te asegura una muerte dura. Ya lo supo exponer Susan Sontag en su libro "El sida y sus metáforas": “Las enfermedades más aterradoras son las que parecen no sólo letales sino deshumanizadoras, en un sentido literal”. Más allá de los avances y las buenas perspectivas médicas de las que gozamos hoy en día, de tener VIH no se vuelve.

Y estas ideas son oportunas pues hace un tiempo hemos tenido la noticia del inicio de Juicio oral hacia una persona que vive con VIH por parte de la Justicia mendocina. La causa se inicia por una denuncia de una ex pareja que sintió dañada su integridad y su salud al suponer que su novio le habría “contagiado” (para nosotros mejor, transmitido) el VIH.

Estas denuncias se han presentado en todo el mundo, ya lo sabemos, en reiteradas ocasiones, tratando de avanzar hacia la criminalización de las personas con VIH y sida, produciendo reformas o adecuaciones de la legislación vigente y proyectando la dicotomía inocente/culpable o planteando dilemas complejos en los casos de transmisión intencionada o involuntaria del VIH. Recordemos casos llamativos como el de hace algunos años cuando el Alcalde de New York supuso necesario crear una lista con las identidades de las personas infectadas a fin de proteger a sus ciudadanos o las políticas moralistas de la administración Bush. Por situaciones como éstas el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, ONUSIDA, instó a los gobiernos del mundo a penalizar únicamente aquellos casos donde la transmisión pudiera ser a sabiendas del daño que se causaba y no en aquellos donde no existiera ese conocimiento, o una comprensión del daño o por miedo a la violencia ante la revelación de su serología a un tercero. (Informe Penalización de la Transmisión del VIH-2008-2013-ONUSIDA). Más allá de estas advertencias, lo cierto es que en muchos países del mundo esto no aseguró que las condenas y castigos no recayeran sobre los grupos más marginados socialmente, pobres, homosexuales, trans, mujeres, usuarios de drogas, etc., hasta el punto de que también desde hace algunos años, hablamos de una “epidemia de malas legislaciones”.

En nuestro país este nuevo caso no tiene precedentes y suma a Argentina entre los países que han penalizado o pretenden penalizar el VIH, abriendo un fuerte y complicado debate sobre los derechos de las personas con VIH y poniendo en alerta a las organizaciones y redes de personas afectadas por el VIH.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

Seguramente esta polémica no solo pone en alarma a las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, sino que se dirige a cuestionar y realizar críticas sistemáticas hacia las políticas mundiales, nacionales y aun provinciales, encargadas de frenar la epidemia pero también de sensibilizar y concientizar sobre la enfermedad y reducir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH/SIDA. Es que criminalizar, penalizar la transmisión del VIH genera más efectos adversos sobre las poblaciones que beneficios, pues al intentar determinar al “culpable del contagio” se dejan de lado los factores que hacen posible llegar a este punto: las desigualdades de clase, la falta de inversión en el sector salud y especialmente del vih/sida, la falta de insumos y servicios, la desigualdad en el acceso a la información, la escasa garantía de llegada al sistema de salud para la atención, el género, etc. como así también cuestionar porqué las personas no usan preservativos o toman las medidas preventivas para cuidarse de enfermedades de transmisión sexual.

Las personas con VIH se vuelven el blanco del repudio social, y no los Gobiernos y sus políticas públicas de desinformación y vaciamiento sanitario. “Criminalizar el odio y no el VIH” era la campaña lanzada en el año 2010 por IPFF y en nuestro caso, preferiríamos decir “Criminalizar a los Estados y sus gobiernos” indiferentes ante el VIH y el sida, vaciadores de la salud pública e hipócritas ante los compromisos mundialmente asumidos con sus ciudadanos para resguardar y garantizar su salud y frenar la epidemia.