Renuevan el servicio de prevención del VIH en la cárcel

Renuevan el servicio de prevención del VIH en la cárcel

El Consell busca nuevos gestores para los servicios sanitarios que se ofrecen en las cárceles valencianas de Picassent y Castellón II, en Albocàsser, para prevenir la transmisión del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. El servicio de reducción de daños mediante la prevención se viene prestando en el ámbito penitenciario valenciano desde hace, al menos, 15 años y está centrado en informar y formar a los reclusos en las mejores prácticas sanitarias para evitar que las drogas que ya consumen, por vía venosa, inhalada o fumada, les generen nuevos problemas de salud como infecciones sanguíneas, de transmisión sexual u otras.

Reutilizar una jeringuilla ya usada y otras prácticas de riesgo están en el punto de mira de los profesionales, normalmente multidisciplinares, que integran estos servicios y que buscan rebajar, entre otros, la prevalencia de infecciones como el VIH en el ámbito carcelario. Según estimaciones de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, en 2001 la tasa de reclusos infectados por VIH llegaba al 11,2 %. La enfermedad, ya cronificada, nunca viene sola y está muy relacionada con otras infecciones como la Hepatitis C.

Los servicios de reducción de daños mediante la prevención se instauraron en el sistema penitenciario desde la perspectiva de que las campañas promulgando la abstinencia tardan en calar entre ciertos grupos de población consumidora de drogas y que, mientras, como complemento, se hacía necesario trabajar también en evitar muertes por sobredosis o la transmisión de enfermedades. Así, este tipo de servicio se dirige en las cárceles a personas consumidoras de drogas que no quieren o no pueden dejar el consumo. Para ellas se intenta marcar unas pautas que, al menos, reduzcan los efectos negativos que esta dependencia lleva asociada. La Conselleria de Sanidad busca ahora adjudicatarios para renovar el servicio que ya se viene prestando en estas dos cárceles y en cada una de las provincias por un presupuesto global de 159.871 euros (sin IVA) para seis meses prorrogables. Actualmente este tipo de atención en Valencia y los centros penitenciarios lo ofrece la Fundación Salud y Comunidad mientras que Cruz Roja se ocupa de Alicante y la asociación Casda de la provincia de Castelló.

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